Primer período – 1940 -1975Como consecuencia de la gran crisis mundial de 1930, la Argentina debe abandonar el modelo agroexportador que hegemonizado por los grandes terratenientes de la pampa húmeda, había presidido su desenvolvimiento desde fines del siglo XIX. Se inicia entonces un proceso de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones que habría de perdurar casi 50 años, con estrategias distintas en cada momento histórico.El país gozó de una situación de pleno empleo hacia los comienzos de la década del ´40, quedando así de lado la desocupación que alcanzó niveles distintivos en la década anterior. Las restricciones impuestas por la Segunda Guerra Mundial fueron la causa más importante del cambio. La demanda fabril se había convertido en el motor del pleno empleo en el marco de una política de sustitución de importaciones, generando un proceso que se retroalimentaba a sí mismo, la plena ocupación demandaba bienes de consumo y exigía mayor producción local para satisfacerla. El Censo Industrial de 1946 puso en evidencia la incorporación de medio millón de trabajadores en el sistema fabril, en relación al censo de 1935. El pleno empleo se expresó también en el aumento de la población ocupada acompañado por el avance de la organización sindical. El sindicalismo se organizó por ramas y se estructuró verticalmente en una central única, la CGT, cuyo poder residía fundamentalmente en el fenómeno de pleno empleo.
Recordemos que el quiebre del modelo de sustitución de importaciones afectó profundamente el rol del Estado y con él, la inserción política de los sindicatos. En la medida que el Estado jugaba un papel central en la distribución del ingreso entre sectores y en la medida que la expansión industrial estaba en la base del crecimiento del empleo, la articulación de los sindicatos con el Estado les aseguraba la posibilidad de intervenir en la puja distributiva al mismo tiempo que se fortalecía su base de afiliación. Pero además, la puja sectorial de ingresos posibilitaba a los sindicatos alinearse junto a los industriales contra el agro, y con ello sostener un modelo político que puede ser considerado como un modelo de alianza de clases a través del Estado, constitutivo de la tradición política peronista.
En este modelo los sindicatos podían a la vez apoyar políticas estatales tendientes a favorecer a los industriales, ya que indirectamente los favorecían por ser compatibles con el aumento de salarios, y resignar en parte la confrontación de clases, a través de una integración con el Estado en la cual la relación con el adversario de clase, devenía en una complementación funcional. Esta situación singular difería considerablemente del rol de los sindicatos en el modelo agroexportador prevaleciente hasta la década de los ´30.En 1958 accede al poder un nuevo bloque constituido por la alianza de la burguesía industrial nacional y el capital extranjero, corporizado este último por grandes empresas transnacionales norteamericanas que afluyen entonces al país en magnitudes significativas. Este nuevo modelo de acumulación fue impulsado por el gobierno civil del Dr. Arturo Frondizi. (1958-1962)[1]
El mercado de trabajo se caracterizaba por una oferta excedente de trabajo calificado y una demanda excedente de no calificado (obreros de la construcción, servicio doméstico, etc.) que explicaría la inmigración de mano de obra de baja calificación desde otros países limítrofes.Si se compara la situación de Argentina con la del resto de América Latina, se observa que los niveles de empleo y subempleo son menores debido a un ritmo de crecimiento de la PEA[2] mucho más lento que en otros países de la misma región. La reducción continua de la participación de los jóvenes en la PEA, el retiro masivo y más temprano de la oferta de trabajo, a medida que se amplían la cobertura de beneficios jubilatorios y el incremento de la tasa de participación femenina, que asciende del 23% en 1960 al 27% en 1980, se combinaron con la tasa relativamente lenta de crecimiento de la población, de modo que la oferta de empleo se fue ajustando a las condiciones de la demanda.La importante inserción de trabajadores en la manufactura fue acompañada por el avance de la organización sindical. Las reivindicaciones obreras cobraban fuera, por la alta demanda de mano de obra, más que por el activismo puramente sindical.
Debemos decir como dato ilustrativo que el sistema de relaciones laborales desarrollado en este período, en nuestro país, fue el llamado modelo fondista-taylorista que se consolidó entre 1950 y 1975, y cuyas características fundamentales fueron:
- Alto grado de intervención y regulación estatal.
- Fuerte centralización de la negociación colectiva por rama de actividad.
- Predominio de categorías profesionales.
- Salarios basados en paritarias.
- Tipos de organización en el trabajo (ritmos de trabajo y niveles de producción).
Después de 1960 la industria local pierde su eje hegemónico en cuanto a la generación de nuevos empleos, en cambio, el grupo cuentapropista duplicó su participación en el mercado del trabajo urbano durante este período. Este grupo disponía de un ingreso promedio más elevado que el percibido por los asalariados, continuidad en sus actividades, integración elevada en el medio social y pertenencia a los sectores medios por sus ingresos y sus pautas de conducta.
Se puede afirmar que la industrialización sustitutiva del modelo desarrollista dejó impresa en la estructura productiva una capacidad del sector industrial para liderar el crecimiento económico global, pero esto se acompañó por una débil capacidad de creación de empleo en este sector. Por consiguiente la fuerza de trabajo se dirigió hacia sectores de menor productividad como la construcción y el sector terciario.
Recordemos que el quiebre del modelo de sustitución de importaciones afectó profundamente el rol del Estado y con él, la inserción política de los sindicatos. En la medida que el Estado jugaba un papel central en la distribución del ingreso entre sectores y en la medida que la expansión industrial estaba en la base del crecimiento del empleo, la articulación de los sindicatos con el Estado les aseguraba la posibilidad de intervenir en la puja distributiva al mismo tiempo que se fortalecía su base de afiliación. Pero además, la puja sectorial de ingresos posibilitaba a los sindicatos alinearse junto a los industriales contra el agro, y con ello sostener un modelo político que puede ser considerado como un modelo de alianza de clases a través del Estado, constitutivo de la tradición política peronista.
En este modelo los sindicatos podían a la vez apoyar políticas estatales tendientes a favorecer a los industriales, ya que indirectamente los favorecían por ser compatibles con el aumento de salarios, y resignar en parte la confrontación de clases, a través de una integración con el Estado en la cual la relación con el adversario de clase, devenía en una complementación funcional. Esta situación singular difería considerablemente del rol de los sindicatos en el modelo agroexportador prevaleciente hasta la década de los ´30.En 1958 accede al poder un nuevo bloque constituido por la alianza de la burguesía industrial nacional y el capital extranjero, corporizado este último por grandes empresas transnacionales norteamericanas que afluyen entonces al país en magnitudes significativas. Este nuevo modelo de acumulación fue impulsado por el gobierno civil del Dr. Arturo Frondizi. (1958-1962)[1]
El mercado de trabajo se caracterizaba por una oferta excedente de trabajo calificado y una demanda excedente de no calificado (obreros de la construcción, servicio doméstico, etc.) que explicaría la inmigración de mano de obra de baja calificación desde otros países limítrofes.Si se compara la situación de Argentina con la del resto de América Latina, se observa que los niveles de empleo y subempleo son menores debido a un ritmo de crecimiento de la PEA[2] mucho más lento que en otros países de la misma región. La reducción continua de la participación de los jóvenes en la PEA, el retiro masivo y más temprano de la oferta de trabajo, a medida que se amplían la cobertura de beneficios jubilatorios y el incremento de la tasa de participación femenina, que asciende del 23% en 1960 al 27% en 1980, se combinaron con la tasa relativamente lenta de crecimiento de la población, de modo que la oferta de empleo se fue ajustando a las condiciones de la demanda.La importante inserción de trabajadores en la manufactura fue acompañada por el avance de la organización sindical. Las reivindicaciones obreras cobraban fuera, por la alta demanda de mano de obra, más que por el activismo puramente sindical.
Debemos decir como dato ilustrativo que el sistema de relaciones laborales desarrollado en este período, en nuestro país, fue el llamado modelo fondista-taylorista que se consolidó entre 1950 y 1975, y cuyas características fundamentales fueron:
- Alto grado de intervención y regulación estatal.
- Fuerte centralización de la negociación colectiva por rama de actividad.
- Predominio de categorías profesionales.
- Salarios basados en paritarias.
- Tipos de organización en el trabajo (ritmos de trabajo y niveles de producción).
Después de 1960 la industria local pierde su eje hegemónico en cuanto a la generación de nuevos empleos, en cambio, el grupo cuentapropista duplicó su participación en el mercado del trabajo urbano durante este período. Este grupo disponía de un ingreso promedio más elevado que el percibido por los asalariados, continuidad en sus actividades, integración elevada en el medio social y pertenencia a los sectores medios por sus ingresos y sus pautas de conducta.
Se puede afirmar que la industrialización sustitutiva del modelo desarrollista dejó impresa en la estructura productiva una capacidad del sector industrial para liderar el crecimiento económico global, pero esto se acompañó por una débil capacidad de creación de empleo en este sector. Por consiguiente la fuerza de trabajo se dirigió hacia sectores de menor productividad como la construcción y el sector terciario.
Período –1975-1991: llamado “período de transición”
A nivel internacional es importante tener en cuenta la crisis petrolera de 1973, generada por el aumento en el precio del barril de petróleo puro dispuesto por los países miembros de la OPEP[3]. Las consecuencias de esta crisis se evidenciaron en nuestro país, es así que el modelo tradicional del funcionamiento de la economía (industrialización por sustitución de importaciones) sucumbió en 1975 bajo un poderoso shock inflacionario, que continuó con diversos altibajos durante varios años. A estas condiciones económicas se le agrega el golpe de estado de 1976, en el campo político. Puede caracterizarse al nuevo bloque dominante como una alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales. El programa de este gobierno militar cambió las orientaciones de industrialización sustitutiva que en sus variantes distribucionistas o concentradoras habían estado vigentes desde 1930.En este período de transición la inflación registró un promedio superior al 300% anual. Los salarios experimentaron una reducción mayor a la registrada en la etapa anterior, el salario promedio se redujo alrededor de un 30% entre 1974 y 1977. La lenta reducción del ritmo inflacionario a partir de 1979 permitió una mejora pausada del salario real.
La política económica del Ministro de Economía de la citada dictadura militar, Martínez de Hoz, posibilitó la acumulación de una deuda enorme que se tradujo en una profunda crisis. Las políticas oficiales se encontraron acotadas por el peso de la deuda y sus intereses, la presión de los acreedores, la escalada inflacionaria y la fuga de los agentes económicos hacia las operaciones financieras en desmedro de las productivas. En este período la industria y las empresas del sector público fueron expulsoras netas de mano de obra. Sin embargo, no se incrementa la desocupación sino el cuentapropismo (que utilizó como capital las indemnizaciones recibidas por parte del Estado y de las empresas privadas).
El desempleo pasa del 4.6% en la década del 70 al 6.2% en la del 80.
A pesar de que la economía no creció, la PEA aumentó en 2.3 millones de personas en la década del 80, la tasa de empleo subió del 36% al 40%, ese aumento estuvo impulsado por el regreso a la actividad del estrato de mayor edad, en busca de alivio frente al deterioro de los beneficios jubilatorios y el alza de la tasa de participación femenina que pasó el 27% al 40%.
La participación de los asalariados en la PEA total cayó del 72% que registró en el período de posguerra hasta el 65% en 1991. La población que se autoemplea -cuentapropista- saltó del 28% al 35%. La menor cantidad de asalariados industriales y la reducción relativa de los asalariados en la totalidad de la PEA, se reflejó en la caída de peso relativo de los sindicatos y en la erosión del poder de negociación de los trabajadores.
En términos estructurales el período de transición iniciado en 1975 finalizó a mediados de 1989, la hiperinflación fue el momento de quiebre.
A nivel internacional es importante tener en cuenta la crisis petrolera de 1973, generada por el aumento en el precio del barril de petróleo puro dispuesto por los países miembros de la OPEP[3]. Las consecuencias de esta crisis se evidenciaron en nuestro país, es así que el modelo tradicional del funcionamiento de la economía (industrialización por sustitución de importaciones) sucumbió en 1975 bajo un poderoso shock inflacionario, que continuó con diversos altibajos durante varios años. A estas condiciones económicas se le agrega el golpe de estado de 1976, en el campo político. Puede caracterizarse al nuevo bloque dominante como una alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales. El programa de este gobierno militar cambió las orientaciones de industrialización sustitutiva que en sus variantes distribucionistas o concentradoras habían estado vigentes desde 1930.En este período de transición la inflación registró un promedio superior al 300% anual. Los salarios experimentaron una reducción mayor a la registrada en la etapa anterior, el salario promedio se redujo alrededor de un 30% entre 1974 y 1977. La lenta reducción del ritmo inflacionario a partir de 1979 permitió una mejora pausada del salario real.
La política económica del Ministro de Economía de la citada dictadura militar, Martínez de Hoz, posibilitó la acumulación de una deuda enorme que se tradujo en una profunda crisis. Las políticas oficiales se encontraron acotadas por el peso de la deuda y sus intereses, la presión de los acreedores, la escalada inflacionaria y la fuga de los agentes económicos hacia las operaciones financieras en desmedro de las productivas. En este período la industria y las empresas del sector público fueron expulsoras netas de mano de obra. Sin embargo, no se incrementa la desocupación sino el cuentapropismo (que utilizó como capital las indemnizaciones recibidas por parte del Estado y de las empresas privadas).
El desempleo pasa del 4.6% en la década del 70 al 6.2% en la del 80.
A pesar de que la economía no creció, la PEA aumentó en 2.3 millones de personas en la década del 80, la tasa de empleo subió del 36% al 40%, ese aumento estuvo impulsado por el regreso a la actividad del estrato de mayor edad, en busca de alivio frente al deterioro de los beneficios jubilatorios y el alza de la tasa de participación femenina que pasó el 27% al 40%.
La participación de los asalariados en la PEA total cayó del 72% que registró en el período de posguerra hasta el 65% en 1991. La población que se autoemplea -cuentapropista- saltó del 28% al 35%. La menor cantidad de asalariados industriales y la reducción relativa de los asalariados en la totalidad de la PEA, se reflejó en la caída de peso relativo de los sindicatos y en la erosión del poder de negociación de los trabajadores.
En términos estructurales el período de transición iniciado en 1975 finalizó a mediados de 1989, la hiperinflación fue el momento de quiebre.
Período 1991 hasta el presente
El registro de altas tasas de desocupación en Argentina constituye el fenómeno del mercado del trabajo, más significativo en la época actual. Una de las causas de la desocupación es la reducción del número de asalariados que se operó sistemáticamente en diferentes ámbitos. El gobierno redujo al mínimo posible la inversión pública, fuente generadora de empleo. En el sector privado se llevó a acabo una intensa racionalización de personal bajo la presión de la apertura económica y la competencia de los oferentes del exterior. Algunas ramas productivas cerraron en forma masiva como por ejemplo la electrónica de consumo y textiles. El Censo Industrial 1994 mostró que este sector (el sector privado) perdió el 22% de su personal respecto del de 1985.
En lo referente al sector servicios, sólo unos pocos incrementaron su demanda de empleo, la mayoría enfrentó cambios operatorios, el pequeño comercio se encuentra sometido a la presión de los hipermercados.
La modificación de las condiciones del mercado de trabajo generaron un aumento de la precariedad del empleo que se mide por la cantidad de horas trabajadas, por la duración de los contratos de trabajo o por la observancia de las normas legales. Hacia 1992 cerca del 40% de los asalariados trabajan en empresas que no cumplen con las leyes sociales. Signos evidentes de las tendencias objetivas a la flexibilización laboral.
La solución tradicional a la amenaza del desempleo era el cuentapropismo. El desempleo aumentó de modo continuo desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad: del 6% en 1991 pasó al 7% en 1992, y a 9.1% en 1993; el 12.1% registrado en 1994 tendió a ser ignorado por la mayor parte de los observadores hasta que el 18.1% de 1995 registró el punto de inflexión. Para una PEA estimada en 12.500.000, esta tasa significa una cifra superior al millón de desocupados.
Las tasas de desocupación que acabamos de citar son las más elevadas que se hayan registrado en la Argentina e indican la emergencia de la desocupación como un problema estructural.
Esto es una novedad para una sociedad que, históricamente, concebía la desocupación a lo sumo como un problema coyuntural, en términos globales, o acotado a situaciones específicas del norte o el litoral del país.
Este cambio de modelo se refleja en los niveles salariales y en la flexibilización de las condiciones de trabajo; el deterioro y la pérdida de ingresos de amplios sectores sociales tiene una incidencia directa sobre la salud y la educación, imprescindibles para una calidad de vida adecuada.
En los últimos seis años el aumento anual de ocupados estuvo compuesto por subocupados, lo cual nos remite a la precariedad de las condiciones del mercado laboral.
El 60% del nuevo empleo es definido como una suerte de “ocupación disfrazada” y el 40% restante tampoco son asalariados plenos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo entre mayo y septiembre de 1997 sólo se registraron 12.056 nuevos trabajadores con aportes jubilatorios. Es sabido que los puestos de trabajo para ser tales deben reunir permanencia y calidad porque la transitoriedad puede dar un buen guarismo en un momento y desfavorables sorpresas en las encuestas próximas.
Sólo la tercera parte de la fuerza laboral trabaja 8 horas diarias ó 45 horas semanales.(INDEC-ENCUESTA 1997) Las cifras oficiales indican que las personas sobreocupadas suman 1.891.613, casi el 42% de los trabajadores ocupados. El 36% de los asalariados está en negro, ganan un 40% menos que los trabajadores blanqueados. El 14.3% están desocupados. El 13.1% subocupados[4].Desde 1990 se viene verificando un aumento del número de personas que no trabajan, que trabajan poco o que trabajan mucho. Mientras caen los ocupados con jornadas laborales normales. En relación a octubre de 1990 se registran 370.000 desocupados; 320.000 nuevos subocupados y 175.000 sobreocupados más. En cambio disminuyeron en 220.000 personas los ocupados de 45 horas semanales.
El registro de altas tasas de desocupación en Argentina constituye el fenómeno del mercado del trabajo, más significativo en la época actual. Una de las causas de la desocupación es la reducción del número de asalariados que se operó sistemáticamente en diferentes ámbitos. El gobierno redujo al mínimo posible la inversión pública, fuente generadora de empleo. En el sector privado se llevó a acabo una intensa racionalización de personal bajo la presión de la apertura económica y la competencia de los oferentes del exterior. Algunas ramas productivas cerraron en forma masiva como por ejemplo la electrónica de consumo y textiles. El Censo Industrial 1994 mostró que este sector (el sector privado) perdió el 22% de su personal respecto del de 1985.
En lo referente al sector servicios, sólo unos pocos incrementaron su demanda de empleo, la mayoría enfrentó cambios operatorios, el pequeño comercio se encuentra sometido a la presión de los hipermercados.
La modificación de las condiciones del mercado de trabajo generaron un aumento de la precariedad del empleo que se mide por la cantidad de horas trabajadas, por la duración de los contratos de trabajo o por la observancia de las normas legales. Hacia 1992 cerca del 40% de los asalariados trabajan en empresas que no cumplen con las leyes sociales. Signos evidentes de las tendencias objetivas a la flexibilización laboral.
La solución tradicional a la amenaza del desempleo era el cuentapropismo. El desempleo aumentó de modo continuo desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad: del 6% en 1991 pasó al 7% en 1992, y a 9.1% en 1993; el 12.1% registrado en 1994 tendió a ser ignorado por la mayor parte de los observadores hasta que el 18.1% de 1995 registró el punto de inflexión. Para una PEA estimada en 12.500.000, esta tasa significa una cifra superior al millón de desocupados.
Las tasas de desocupación que acabamos de citar son las más elevadas que se hayan registrado en la Argentina e indican la emergencia de la desocupación como un problema estructural.
Esto es una novedad para una sociedad que, históricamente, concebía la desocupación a lo sumo como un problema coyuntural, en términos globales, o acotado a situaciones específicas del norte o el litoral del país.
Este cambio de modelo se refleja en los niveles salariales y en la flexibilización de las condiciones de trabajo; el deterioro y la pérdida de ingresos de amplios sectores sociales tiene una incidencia directa sobre la salud y la educación, imprescindibles para una calidad de vida adecuada.
En los últimos seis años el aumento anual de ocupados estuvo compuesto por subocupados, lo cual nos remite a la precariedad de las condiciones del mercado laboral.
El 60% del nuevo empleo es definido como una suerte de “ocupación disfrazada” y el 40% restante tampoco son asalariados plenos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo entre mayo y septiembre de 1997 sólo se registraron 12.056 nuevos trabajadores con aportes jubilatorios. Es sabido que los puestos de trabajo para ser tales deben reunir permanencia y calidad porque la transitoriedad puede dar un buen guarismo en un momento y desfavorables sorpresas en las encuestas próximas.
Sólo la tercera parte de la fuerza laboral trabaja 8 horas diarias ó 45 horas semanales.(INDEC-ENCUESTA 1997) Las cifras oficiales indican que las personas sobreocupadas suman 1.891.613, casi el 42% de los trabajadores ocupados. El 36% de los asalariados está en negro, ganan un 40% menos que los trabajadores blanqueados. El 14.3% están desocupados. El 13.1% subocupados[4].Desde 1990 se viene verificando un aumento del número de personas que no trabajan, que trabajan poco o que trabajan mucho. Mientras caen los ocupados con jornadas laborales normales. En relación a octubre de 1990 se registran 370.000 desocupados; 320.000 nuevos subocupados y 175.000 sobreocupados más. En cambio disminuyeron en 220.000 personas los ocupados de 45 horas semanales.
Esta paradoja laboral puede ser analizada teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
- Un número mayor de personas trabaja más horas para compensar al menos parcialmente la pérdida de ingresos. En la década del 80 se atribuyó este hecho a los empleados públicos, ahora tras las privatizaciones parece ser un rasgo del empleo privado.
- La flexibilidad laboral de hecho o de derecho cambió el ritmo laboral. Así ante una suba de la producción las empresas se inclinan por aumentar las horas al mismo plantel, antes que tomar nuevos trabajadores; es además la condición para la inversión de capitales.
La agudización del proceso de flexibilización laboral contribuye a la desocupación, subocupación y la sobreocupación, tornándose de este modo funcional al modelo neoliberal. Ya que con ella se consigue adaptar la fuerza laboral a las empresas transformadas, en las que la introducción de tecnología facilita la polivalencia funcional.[5]
Este concepto lleva necesariamente a comprender nuevas formas de organización del trabajo, pero de ningún modo a la creación del mismo.El análisis de las características del mercado laboral se refiere tanto a la cantidad de desocupados como a las condiciones en que se desarrollan sus actividades aquellos que disponen de un empleo. Los trabajadores que manifiestan disconformidad con sus trabajos, subocupados y sobreocupados en el área metropolitana[6] superan los 2.5 millones. Triplican a los 754 mil desempleados en dicha zona que registra el INDEC. De acuerdo a los registros de dicho organismo oficial, en octubre último, el 25,7% de los ocupados en esta área estaban buscando otra ocupación. Los especialistas asocian este fenómeno con las bajas remuneraciones ofrecidas y con la necesidad de completar ingresos con otra actividad.Otro aspecto interesante a tener en cuenta en este modelo económico es la situación de los sobreocupados que alcanzan a casi 1.9 millón de personas, 173 mil más que las registradas en el año 1996. También aumentó el número de los que trabajan más de 62 horas semanales que en la actualidad suman 635 mil personas, 24 mil más que en 1996, representan el 14.1% del total de ocupados de la región, casi una cada 6 personas. Un análisis sobre la calidad de los puestos de trabajo generados surge de los niveles de instrucción requeridos. En el último semestre de 1997 unos 128 mil, poco más del 70% del total de nuevos ocupados en el área metropolitana, son personas que sólo tienen instrucción primaria. Los programas de empleo subsidiados por el Ministerio de Trabajo o los planes de trabajo público de la provincia de Buenos Aires no se discriminan especialmente y en las tablas del INDEC figuran como “otros servicios”, al igual que el resto de los empleados públicos. Todas estas “modalidades de trabajo” financiadas por el Estado, por un lapso de tres a seis meses, corresponden a tareas sencillas que son cubiertas por trabajadores no calificados. Ello podría explicar el aumento de empleo de baja calificación, que modificó la norma de años anteriores, de acuerdo a la misma crecía más la ocupación entre trabajadores de alta formación debido a mayor selectividad de los empresarios en un mercado sobreofertado. Gran parte de los nuevos empleos en Capital Federal y Gran Buenos Aires son transitorios, ya sea porque están asociados a trabajos financiados por el Estado o bien porque surgen en los sectores más informales. Las categorías “otros servicios” que incluyen los personales y “servicio doméstico” explican en conjunto el 62% del total de los puestos de trabajo creados entre mayo y octubre de 1997.Eduardo Galeano[7] al referirse a las condiciones laborales expresa lo siguiente… “Este fin de siglo está rifando las conquistas laborales del siglo entero… Estos derechos laborales legalmente obtenidos, consagrados como universales habrían sido en otros tiempos frutos de otros miedos, los miedos del poder… Pero el poder asustado de ayer es el poder que hoy por hoy asusta para ser obedecido”. |
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